Los ministros/as del primer gabinete del presidente Boric y Apruebo Dignidad.
Definitivamente, el primer gabinete
del presidente Boric y del gobierno de Apruebo Dignidad marca el cierre de todo un ciclo político.
En 32 años de historia de la democracia postdictadura militar, estas imágenes reflejan de manera relevante los cambios experimentados en el ámbito político de Chile, en especial, en el movimiento progresista.
Efectivamente, en 1990, al instalarse el primer gabinete presidido por don Patricio Aylwin, en representación de una amplia coalición de centroizquierda, los temas de paridad de género estaban "fuera de tabla". Nótese además, la rigurosidad del esquema: todos los ministros con un estudiado traje negro, camisa blanca y corbata y una rígida puesta en escena. Ninguna mujer, por cierto. No se consideraba el tema de género como un componente político esencial. ¿Pueblos Indígenas? Nada. Inimaginable para ésa epoca e incluso para estos tiempos nuevos.
Solo años después, en el 2003, el presidente Lagos nombró a un Mapuche como Ministro Secretario General de la Presidencia (Francisco Huenchumilla). Luego, en el 2004 nombró a Yasna Provoste Campillay (diaguita) como ministra de MIDEPLAN y en el 2006 como Ministra de Educación. El Presidente Ricardo Lagos es el único presidente de Chile que realizó este tipo de nombramiento de personeros indígenas en gabinetes de la centroizquierda. Y siempre tendremos presente su gesto hacia los PPII.
La Convención Constitucional marcó la importancia de hacer representar la rica diversidad cultural de Chile y su primera presidenta, nada menos, fue una mujer mapuche. Marcó un cambio de época, pero en los gobiernos esto es más lento.
Pero volvamos a la imagen: el gabinete de 1990 fue recibido con júbilo por un país y un pueblo cansado de 15 años de horrores, violaciones de los DDHH y pobreza. En la cultura cotidiana estaba instalada además esta idea inveterada de la reverencia máxima hacia las autoridades. Primaba la idea que la política era una tarea noble, de servicio público y no para servirse de aquello. Los nuevos políticos de la entonces concertación por la democracia eran queridos, respetados y valorados. Muchos de ellos habían sufrido el exilio, cárcel y diversas formas de violaciones a sus derechos. Habían sido la "primera línea" de la lucha social y política contra el dictador. ¿El protocolo? Apenas un detalle.
La imagen explica aquello. ¿Un ministro recién nombrado, en esa foto, llegando sin corbata y con un traje diverso? Imposible. El estricto protocolo del ceremonial fue ensayado una y más veces antes de esa foto histórica. Y eso se aceptaba y se respetaba, aun cuando también hubo voces, en la coalición gobernante, que señalaron la ausencia de mujeres. Pero no era el tiempo de mujeres, aunque cuando cientos de miles de ellas dieron todo en las calles y en los barrios en las luchas sociales contra la dictadura militar.
Pero el país estaba contento, aliviado, alegre. Había caído el dictador y derrotado en las urnas. Cómo se iniciase el nuevo gobierno era un detalle. El pueblo no cuestionaría ni la forma ni el fondo de la conformación y presentación del gabinete. Aylwin contaba con toda la confianza. Y la foto oficial quedó registrada para siempre en nuestra historia.
La segunda imagen tiene tan solo algunos días. Corresponde al primer gabinete del presidente Boric y de la coalición Apruebo Dignidad. Con un protocolo sencillo, en un lugar igualmente histórico (tendencias que fueron asumiendo también otros presidentes anteriores), el primer gabinete del presidente Boric marca un muy fuerte contraste con 14 mujeres ministras (todas, profesionales destacadas y con enormes méritos) y 10 hombres, igualmente meritorios. Un gabinete con independientes y militantes de Apruebo Dignidad más otros ministros/as del ahora nuevo referente del Socialismo democrático.
La imagen marca un promedio de 49 años de sus miembros, siendo un senador socialista que culmina más de 30 años de carrera parlamentaria, el ministro de mayor edad (74). Predomina la idea de una generación de recambio que reemplazará indefectiblemente a quienes (bien o mal) hicieron todo lo posible desde 1990, para convertir a Chile en un país cuyos indicadores lo ubican -históricamente- como un país con grandes estándares de desarrollo que traían consigo -paradojalmente- sus propias contradicciones, especialmente en lo relativo a los temas de igualdad de oportunidades.
La imagen entre ambos gabinetes contrasta también por el colorido: los hombres mantuvieron ciertas características en ningún caso rígidas (ninguno con corbata, por ejemplo) y las mujeres se presentaron sin ostentación pero con delicadeza y ternura, incluso sosteniendo a sus hijos en plena ceremonia: una representación del Chile común, cotidiano, laboral, sin aspavientos.
La imagen de 1990 representa la solemnidad de una República que iniciaba un lento, complejo y fructífero cambio de época en muchos sentidos. Uno de los cambios fue el empoderamiento de los derechos de la mujer. Otro, el de las minorías y los pueblos originarios.
Era cuestión de tiempo que estos hechos sociales, políticos y culturales comenzaran a reflejarse en los gabinetes y de hecho, la presidenta Bachelet en su primera administración marcó la primera señal al nombrar un gabinete paritario de Ministros y Ministras de Estado. Por tanto, era de esperar que el nuevo gobierno de Apruebo Dignidad continuase con esta misma señal y que incluso la ampliase a los Pueblos Originarios.
Saludamos, por tanto, a los nuevos primeros Ministros y Ministras de Estado, a quienes les deseamos el mejor de los éxitos: a los hombres designados en distintas tareas, a las mujeres que ocupan ahora roles formidables, en Interior y Defensa, por ejemplo, a y quien representa también a sectores sensibles como el magisterio. El gabinete paritario de Ministros representa a un gobierno de carácter nacional.
En algún futuro próximo podremos también saludar con todo el Newen, a un gabinete plurinacional en donde junto con mujeres y hombres, un Ministro o Ministra de Estado provendrá de los Pueblos originarios de Chile. Tal vez esto sea más sólido con un presidente o presidenta de Chile, de origen indígena. El camino se abrió en el 2021 con la Ley 21.298 sobre escaños reservados y la elección de 17 constituyentes indígenas. Todo esto es posible pensarlo hoy y con mayor razón si la nueva constitución declara a Chile como Estado Plurinacional.
La idea de ejercer ha implicado también un cambio cultural en el imaginario social. La autoridad debe ser respetada pero no ensalzada. La sociedad quiere que sus políticos sean "personas comunes y corrientes". Todos lo son pero en los años previos se fue instalando una sensación de disgusto con los altos salarios en la elite del sector público, dietas y privilegios paarlamentarios, nepotismo, tráfico de influencia y diversos otros problemas de transparencia pública que fueron alejando las percepciones de que la política es una noble actividad social. Claro, decimos todos, por cierto. Pero cuando a su alrededor giran situaciones como el acomodo con el poder, las puertas giratorias, la permanencia ad eternum en los cargos (ahora limitada por una ley de la República), etc, la valoración de la misma deja de ser positiva. Ojalá en este nuevo tiempo de cambios se recupere esa vieja idea republicana de que la política surge para servir a los demás y no servirse de ella. Pero claro, todo esto implica un cambio cultural.
Al cierre de esta edición y estando pendiendo aún el nombramiento de la segunda línea del gabinete, los subsecretarios, en cierto modo el PPD -bajo la voluntad del presidente electo- alcanza a estar presente en el gabinete ministerial en una área de mucha importancia, por varios motivos: el desarrollo social, la familia, la lucha contra la pobreza, la juventud, adultos mayores y pueblos indígenas.
El presidente ha designado para estas funciones como ministra de Desarrollo Social a nuestra compañera Jeanette Vega Morales, con una extensa trayectoria profesional, académica y social, a quien le expresamos nuestros mejores deseos. Es una gran señal de confianza y de empoderamiento para que nuestra compañera, desde esa misión ministerial, pueda encarnar el ideario social del PPD -que está vigente- en aras de una mayor justicia social. En tal sentido nuestro deseo de éxito en su tarea es absoluto e incondicional.
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59 Consejo Nacional del PPD
* El PPD no tomará palco estando en juego los sueños de Chile. Lo nuestro será una "colaboración constructiva".
*Se inicia debate partidario sobre reforma de estatutos.
* Comisión de futuro convocará a debate sobre "nuevos sentidos" del PPD.
* Votos políticos.
En un nuevo consejo nacional del PPD, realizado virtualmente el sábado 15 de enero 2022, con una asistencia inicial de 126 personas (entre consejeros nacionales e invitados fraternales) y con un cierre con 81 participantes (de un total de 400 consejeros formales), los dirigentes nacionales y regionales abordaron el momento actual del PPD en el escenario de transición entre la segunda vuelta y la fecha de inicio del nuevo gobierno de izquierda (Apruebo Dignidad), en medio de un escenario expectante sobre nombramiento de autoridades.
La presidenta del partido enfatizó la tarea de caminar hacia un debate y reflexión sobre el futuro. Señaló que esto "responde a la constatación de la crisis de representación que viven los partidos y la necesidad de encontrar nuevas formas". En lo contigente, el PPD asumirá un rol de "colaboración constructiva" con el gobierno de Apruebo Dignidad en donde el partido "no tomará palco", en atención a respaldar todo aquello que diga relación con "los sueños de Chile".
Para el PPD el foco de atención "y nuestra mayor responsabilidad" es "volver a ocupar el espacio político y cultural que hemos perdido", y por tanto, "subir la moral, conversar, dialogar, crear y construir comunidad", en referencia a la convivencia interna y los deberes presentes. (Discursos en https://www.ppd.cl/ppd-en-el-primer-consejo-general-20022-no-tomaremos-palco-frente-al-nuevo-gobierno/ )
Los estatutos: nuestra propia y necesaria reforma "constituyente".
El 59CN fue informado por la mesa directiva de la creación de una comisión de carácter nacional que convocará a los debates necesarios para promover una profunda reforma de los actuales estatutos nacionales del PPD.
Este es uno de los temás más postergados en la historia reciente del PPD. En el año 2008 y luego de un arduo debate el CN aprobó la convocatoria a una primera "Conferencia Nacional de Reorganización" del partido. Sin embargo, por esas cosas que ocurren en los partidos políticos, dicha conferencia ha sido sistemáticamente postergada por las direcciones políticas, especialmente ante la sentida demanda de los militantes por una mayor democracia y transparencia. interna. En el CN del año 2021 (trece años después de lo acordado en el 2008) se acordó ratificar la idea de una reforma de estatutos, encomendándose a la dirección nacional su desarrollo. El voto fue aprobado por unanimidad. No obstante, desde fines de enero del 2021 hasta diciembre, nunca fue constituida la comisión pertinente, a pesar de diversas insistencias en la mesa nacional y la decisión recién surge en enero del 2022.
Finalmente, en el 59CN del 15 de enero 2022 se ha informado que la comisión correspondiente está siendo constituida y deberá iniciarse el proceso de reforma estatutaria, lo que indica que recién, a mediados de este año, la militancia podría conocer un priumer borrador de la nueva estructura constituyente del PPD.
Previamente, la dirección regional metropolitana ya había acordado constituir una comisión regional que inicie este debate sobre dicha reforma asumiéndose que estando vigente dos acuerdos de CN, que no se han cumplido, correspondía hacerlo como dirección regional. La comisión ya cuenta con dos reuniones de trabajo en enero y se prepara un primer planteamiento oficial. Está abierta a quienes quieran participar.
La reforma de los estatutos del PPD tiene como símil el esfuerzo por cambiar la constitución actual. Es decir, no se trata de un debate sobre artículos estrictamente sino sobre el sentido de normas democráticas que no sean soliviantadas y obliguen a garantizar derechos y deberes en un marco de convivencia democrática efectiva. En lo sustancial, implica una reforma constituyente de nuestra democracia interna con la finalidad de transparentar las prácticas políticas y en suma, empoderar un trabajo social, político, y cultural de nuevo cuño para restaurar la esencia del PPD y de sus compromisos con la sociedad civil y el movimiento popular.
Comisión de futuro del PPD.
En el 59CN se informó también la creación de una comisión nacional que convoque a un debate partidario sobre el sentido de ser y futuro del PPD, especialmente considerando una serie de situaciones (políticas, electorales, entre otras) que preocupan a muchos militantes. Este será un debate urgente, necesario y muy vital para resolver el sentido de ser del partido, es decir, el modo cómo el PPD ha de llevar a la práctica de manera real sus valores, principios y bases programáticas que están vigentes, pues los problemas del partido no están ahí sino en el desarrollo de su democracia interna, sus modos de convivencia y sus prácticas.
VOTOS POLÍTICOS.
Luego del debate político, con especial participación de presidentes regionales e invitados fraternales, se votaron diversas propuestas que alcanzaron los siguientes resultados.
a.- Voto político de la mesa nacional (aprobación unánime)
b.- Voto de estructuración de la comisión de reforma estatutaria (aprobación unánime) y se acordó una composición representativa de diversos estamentos internos con criterio de paridad.
c.- Voto por "colaboración constructiva" con el nuevo gobierno (98% de aprobación y 2% de abstención).
d.- Voto del consejo Quirino Lemachez (Ñuble) por restricciones futuras de candidatos/as a cualquier cargo (interno-externo) con antecedentes de violencia intrafamiliar y deudas alimenticias (aprobado 96%, abstención 3%).
e.- Voto de la región metropolitana:
1.- Que el TS emita hasta el primero de marzo la resolución que califica formalmente las mesas directivas comunales (dado que esto está pendiente desde la última elección interna).
2.- Actualizar en la web oficial del partido los documentos relativos a la elección interna y actualización de estatutos.
3.- Que las opiniones de los dirigentes, por motivos políticos, en la situación interna del PPD no sea objeto de sanciones.
Estos tres puntos iniciales del voto político metropolitano fueron aprobados por 66% con un 23% de rechazo y 11% de abstenciones.
Los puntos siguientes, planteados por el Regional metropolitano, concitaron un muy extenso debate en el 59CN:
4.- Que el CN solicite al TS reconsiderar el fallo que prácticamente dejó al PPD de Magallanes sin dirección regional, provincial y comunal.
5.- Y, consecuentemente, que se declare el actuar del TS en el caso señalado como improcedente por afectarse derechos de expresión y por no concurrir la figura de un delito (corrupción, por ejemplo).
Estos puntos del voto metropolitano fueron rechazados por un 46%, aceptados por 31% y con una abstención de un 23%
Lo acontecido con Magallanes es un tema aparte en esta edición. Claramente, la votación del 59CN, de igual forma está señalando un mensaje crítico: el TS no cuenta con el suficiente consenso por su accionar en el caso de Magallanes y esto afecta las confianzas internas.
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Desafiliaciones en el PPD.
Los partidos políticos son un medio
y no un fin en si mismo. Cuando comienza a afectarse su sentido de ser, se inicia un
inexorable proceso de disipación.
En enero del 2016, en pleno gobierno de la presidenta Bachelet y con el PPD siendo parte activa en sus instituciones, el partido contaba con una red nacional de "inscritos" de 106.370 personas. Era uno de los cuatro partidos más grandes en el espectro nacional.
El 14 de abril de ese año, la presidenta estimó necesario que se sincerasen los datos de las militancias en los partidos políticos como un tema de transparencia pública. Se aprobó entonces una normativa legal que obligó a los partidos políticos a refichar a todos sus inscritos, lo que significó una operación administrativa y política de gran impacto pues se obligó a las colectividades a dejar a atrás una estadística, claramente artificial o falsa, de "militantes" no reales. Por cierto, el PPD debió encarar aquello. Ejercía como presidente de la colectividad el entonces alcalde Gonzalo Navarrete siendo Secretario general el entonces concejal Germán Pino quien meses después renunció al partido.
El PPD entró en una agitada campaña no prevista, ahora hacia adentro, para lograr reunir la cifra legal de inscritos que le permitiese seguir existiendo. No fue una campaña fácil. Ya estaban en curso diversos síntomas de descontento social, alejamiento de la cultura partidaria, inercias prolongadas, etc y el interés por afiliarse en el ppd no era suficientemente atractivo, pero la meta fue cumplida gracias a un enorme y agotador esfuerzo, y en enero del 2017 la realidad estadística indicó que de los 106.370 "militantes" (inscritos) hasta el 2016, quedamos "inscritos" oficialmente 30.691 personas, entre ratificados (militantes antiguos) y nuevos inscritos, la inmensa mayoría.
En la reciente estadística del Servel ( https://www.servel.cl/estadisticas-de-afiliados-a-partidos-politicos/ ) el PPD actual registra ahora sólo 28.938 personas inscritas. En relación con el año 2017 esto significa una caída de 1.753 personas que se han desafiliado de esta colectividad, un dato que no ha sido informado oficialmente hacia el interior del partido, especialmente en lo relacionado con la estadística de renuncias mensuales en los últimos seis meses, en donde la curva de desafiliaciones es la más alta y todos los días se suman -gota a gota- nuevas desafiliaciones. Y debiera ser motivo de extrañeza el hecho de que este tema no tenga aun un espacio de debate político pues afecta al PPD en todas sus regiones. Una muestra:
Relación de inscritos por regiones entre el 2017 y 2021:
En este cuadro la única región que experimentó un crecimiento de inscritos fue Coquimbo. Santiago región es en donde la desafiliación ha sido mayor, seguida por la Araucanía, Valparaíso, Arica-Parinacota y Bío Bio. En el caso de Ñuble el Servel consignará desfialiciones en el siguiente cuatrimestre. En síntesis: una caída muy importante de afiliados, a los cuales hay que sumar personas que han fallecido y los datos recientes aún no sistematizados, correspondientes al último trimestre del 2021, lo que permite suponer que antes del cuatrimestre habremos superado la barrera de dos mil desafiliaciones. En particular, las desafiliaciones han penetrado ahora parte de la élite partidaria (parlamentarios, personalidades, dirigentes destacados...) Las inscripciones en el ppd han disminuido al límite. Por cierto, se dirá, y aunque suene a consuelo, que este es un fenómeno que está ocurriendo con todos los partidos políticos. Pero para unos u otros no es lo mismo.
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El caso del ppd de Magallanes.
¿Sentencias inequitativas?
Los militantes del ppd fueron sorprendidos en enero 2022 con una sentencia del Tribunal Supremo que prácticamente desestrucuró la dirigencia regional de Magallanes, cuyos dirigentes se habían destcadado en el último año en sus críticas a diversas decisiones, principalmente electorales que afectaron la proyección del ppd en dicha región. Tales dirigentes, finalmente, fueron expulsados de la colectividad, generándose en las redes sociales del partido un clima de asombro y debate, especialmente porque un caso así, de esta magnitud, no había acontecido en el partido en estos 34 años de historia.
En dicha región ha existido una controversia instalada desde hace largo tiempo, pues la dirigencia de Magallanes ha sido perseverante en sostener una postura política crítica y con independencia de. Los primeros conflictos emergieron con la elección municipal 2021, en donde órganos electorales nacionales no aceptaron una primaria comunal en Punta Arenas y la concejala que postuló a la reelección perdió el cupo y finalmente, renunció al partido.
En el ámbito parlamentario, los dirigentes y militantes del ppd regional trabajaron y propusieron candidatos al congreso: Claudia Barrientos, ex concejala y seremi regional, al Senado, y con interesante expectativas electorales y Marcelo Aguayo, candidato a diputado con una importante trayectoria social y se opusieron a la inclusión del senador Bianchi como candidato a diputado y de su hijo como candidato a Senador en tanto "independientes-ppd". Esta diferencia no menor generó muy fuertes tensiones. Finalmente, en las negociaciones electorales de nivel nacional los candidatos del PPD regional -ratificados por el consejo regional- quedaron excluidos y se señaló al cierre que no se había podido "cuadrar" los cupos correspondientes a nivel de país...lo que generó un natural y profundo malestar en la región además, por problemas de comunicación y gestión, señalados en la misma resolución del TS.
Con motivo del tema municipal y con el argumento de que no se habían cumplido condiciones estatutarias para la realización del consejo regional correspondiente, el TS había decretado de manera expedita la suspensión de la mesa regional y anuló los acuerdos de dicho consejo en el primer trimestres del 2021. Luego, con la discusión del tema parlamentario y dado que los directivos regionales emitieron declaraciones de prensa, el TS suspendió la institucionalidad regional partidaria (interdicción) y procedió a realizar un procedimiento de sumario que ocupó tiempo. Posteriormente, dirigentas del ppd de Magallanes con otras dirigentas de santiago realizaron una ocupación pacífica de la sede nacional del PPD por algunas horas para llamar la atención sobre la suma de todos estos hechos, bajo la consideración de estar siendo afectados en sus derechos esenciales y pidieron ser escuchados por la mesa nacional.
Según la resolución del TS con la grave medida de expulsión, los afectados habrían contravenido acuerdos oficiales del CN y los "principios de tolerancia y respeto mutuo en el ppd" y habrían puesto en riesgo el principio de unidad partidaria. Como consecuencia de aquello fueron expulsados/as del PPD:
Maritza Oyarzo, presidenta regional.
Marlene Soto, secretaria regional.
Emiliano Escalante, tesorero regional.
Teresita Loaiza, secretaria provincial
Gonzalo Barrientos, presidente provincial.
Juan Carlos Cárcamo, tesorero provincial.
Alejandra Rubilar, presidenta comunal de Punta Arenas
Pedro Díaz González, secretario comunal
María Rosa Cárdenas, tesorera comunal.
El Diario Crónica de Punta Arenas, recogió y difundió con fecha 9 de enero 2022 estos sucesos, amplificando con ello el grave problema que afecta al regional del PPD y al partido en si mismo.
En 34 años de historia del partido esta es la primera vez que distintas instancias de dirección partidaria en una región quedan cercenadas (regional, provincial y comunal en forma simultánea), y está pendiente establecer fehacientemente si la naturaleza de los considerandos para tan grave decisión cumplen los requisitos propios de una sentencia justa y equitativa.
Un debido proceso deber tener siempre presente los principios de igualdad, imparcialidad, respeto a la verdad, justo proceso y legalidad de cada procedimiento. Si alguno de estos componentes faltare en el desarrollo de un juicio se presenta, inevitablemente, una sensación de injusticia.
De acuerdo al Derecho procesal una sentencia de magnitud mayor (cárcel, perpetuidad, expulsión) requiere que cada considerando esté claramente demostrado, con las pruebas acompañadas, verificadas, demostradas y sostenidas en el tiempo y respecto de las cuales no haya motivo de dudas. Esto es la "fuerza de la prueba" teniéndose especial cuidado en cuanto a que haya habido el tiempo suficiente para demostrar el carácter punible o no de las mismas.
Las sentencias de un Tribunal que revisten un carácter subjetivo, por ejemplo: ofender, insultar, discriminar, excluir, dar falso testimonio con un propósito de humillar a una autoridad o tercero, deben ser examinadas como eventual hecho delicado presumiéndose de entrada si la reacción del imputado o imputados, que puede ser considerada más allá de un exabrupto, pudo tener como inicio la acción injusta de una autoridad o cuerpo colegiado siendo éstos los primeros responsables de los hechos.
Finalmente, en los casos de procesos que no tienen connotación penal o civil como en aquellos relativos a faltar o transgredir estatutos, reglamentos o normas de una determinada institución, debe tenerse presente el marco contextual en que se producen y si hay precedentes que lo justifiquen, pues en una causa no penal o civil, si los hechos juzgados ya han tenido carácter permanente antes y no hubo sentencias graves de término de contrato, marginación de una sociedad y/o expulsión de la comunidad habitual, entonces podríamos ser testigos de una sentencia inequitativa, máxime si no hubiese concurrido a la decisión el Pleno del Tribunal y tan solo algunos de sus miembros. En la resolución del TS no se señala quiénes votaron efectivamente.
En los 34 años de historia del PPD han ocurrido casos graves y gravísimos de faltas de probidad, corrupción, fraudes electorales en elecciones internas y otros casos que han sido tanto o mucho más delicados por sus efectos que el ejercicio del derecho de libre expresión, por crítico que sea, y las distintas comisiones de Ética y Tribunales Supremos del partido, extrañamente, han sido laxos en su accionar o simplemente inactivos.
Ni siquiera en el caso más grave del año 2002, en el caso coimas, con altos personeros del partido involucrados, el TS no intervino y sí lo hizo la Justicia investigando y condenando finalmente a los responsables. Y la justicia intervino porque la Revista Qué Pasa puso en portada los delitos cometidos y el PPD sufrió un fuerte impacto político y social que aun perdura. Si no hubiese sido por escándalo público es presumible que lo acontecido no hubiese sido visto por el TS, además, porque los involucrados en delitos punibles ejercían muy importantes cargos políticos y de gobierno.
Pero en estos 34 años hubo otros casos: dineros de empresas para campañas políticas, facturas ideológicamente discutibles, negocios económicos, manejo de influencias, algunas autoridades locales comprometidas en su tiempo en problemas serios en municipios y servicios públicos, dineros de SQM, etc. Y los TS del PPD no actuaron con diligencia y eficacia. ¿Por qué? ¿Por un tema de imagen, de compromisos internos, carencia de independencia y autonomía reales y/o falta de voluntad política para encarar los delicados casos?
En el reciente caso de Magallanes, sin embargo, se actuó de manera expedita. Se castigó a un grupo de dirigentes regionales con una medida extrema. Y se podría entender que los actos o conductas críticas, de aquí en adelante, podrían llegar a tener este resultado. Si fuese así, sería un hecho altamente riesgoso para la convivencia partidaria, pues un TS debe brindar confianza y garantías en todo sentido. Por algo, la Ley de PP les proporciona un blindaje especial para que cumplan su cometido y cuentan con un fuero legal. No obstante, debiéramos presumir que la sentencia del TS en el caso de Magallanes consideró todos los resguardos procedimentales, especialmente el de haber actuado a tiempo y de manera expedita en todos los requerimientos de rigor, lo que debiera explicitarse en una adenda junto con la resolución en comento, lo suficientemente detallada para saber, por ejemplo, cuántas audiencias efectivas se realizaron con los dirigentes ahora expulsados; cuándo viajó una delegación del TS a la región o la grabación de los zoom correspondientes, etc. Todo aquello que forma parte de un "debido proceso".
¿Corresponde a un TS proponer formas de avenimiento, para conseguir que aquellos problemas que afectan la convivencia interna, puedan se resueltos mediante una fórmula de diálogo político en un partido político cuando los temas de controversia tienen ese carácter? Si los hechos en conocimiento de un Tribunal no son constitutivos de un delito (y la libre expresión de ideas e incluso de puntos de vista diferentes y críticos a una línea oficial no lo es), entonces y con mayor razón, en una comunidad de carácter política, y al tratarse de un colectivo, se debe procurar privilegiar el diálogo por sobre el castigo radical, siempre y cuando no concurra la figura de un delito o evidencia clara de corrupción, faltas a la probidad o evidencia firme de actos absolutamente reprochables.
En el caso de Melipilla, las declaraciones de un concejal electo como independiente-PPD, de tono agresivo con las mujeres y ofensivo hacia sus derechos, la mesa nacional presidida por el ex canciller Muñoz, demoró tan solo unas horas en solicitar al TS su inmediata desfialiación de la bancada de concejales. Vistos los hechos y las declaraciones del concejal, el TS cofirmó su separación del PPD y se presentó una denuncia civil. En dicho caso se siguieron con absoluta transparencia procedimientos expeditos e informados, tanto al concejal separado del partido como a toda la militancia y a los medios de prensa.
Los dirigentes regionales de Magallanes expulsados habían solicitado en más de una ocasión conversar con la dirección nacional del PPD. ¿Se realizó ese diálogo a tiempo? Al parecer no al menos con la formalidad institucional que ello requiere, y por ello algunas personas hicieron ocupación de la sede nacional, para pedir ese diálogo, no siendo éste un buen camino. ¿Estando en conocimiento de los hechos acumulados en Magallanes, acudió la dirección nacional a la región a conversar con los dirigentes? ¿Se crearon los puentes necesarios para escucharlos directamente? ¿Se hizo posible todo lo necesario para un diálogo político interno?
La resolución del TS en el caso de Magallanes, agrega una sentencia de "censura" a una autoridad nacional del partido, "en virtud de lo expuesto en los considerandos de este instrumento". ¿Qué considerandos? Veamos el tenor de la sentencia de censura con referencia a dicha autoridad partidaria:
"Este Tribunal ha llegado a la convicción que con su actuar en el proceso de determinación de candidaturas al parlamento, (dicha autoridad) no obró con la rigurosidad que exige su cargo, llevándolo a incumplir su deber de cuidado y debida comunicación con los dirigentes regionales de Magallanes. Por ende, corresponde a este Tribunal reprochar dicha actitud aplicando una sanción la que se determinará en lo resolutivo del presente instrumento".
La sanción ha sido la de "censura por escrito" como resultado de un "reproche", que en la resolución se señala claramente como resultado de un accionar no riguroso e incumplimiento de los deberes de informar. Es primera vez en la historia del PPD que una autoridad de la mesa nacional es "censurado", aun cuando tan solo sea por escrito por un TS. Y esto es muy delicado, tratándose de una alta autoridad partidaria, pero el TS tan solo censura a quien -de acuerdo con el texto literal del escrito- se señala que "con su actuar" generó, inspiró o instó la reacción -agria- de parte de los dirigentes expulsados, entre otros aspectos. ¿Cuál es entonces el inicio preciso del problema y por qué se termina censurando una actuación como "reprochable", que es el que genera el conflicto, y se termina expulsando a quienes reclamaron en contra de ese actuar?...
Dicho todo lo cual: ¿Es, la sentencia del TS, equitativa? ¿Fue resuelta por la unanimidad del pleno del TS? ¿Cumple los rigores del debido proceso?
Pero lo principal: ¿Es adecuada la sentencia de expulsión de todo un colectivo de dirigentes destacados por su trayectoria regional, cuando no hay delitos graves, que contravienen los estatutos como las faltas de probidad, corrupción y fraudes electorales,y en cambio se castiga el derecho de libertad de expresión, aun cuando la forma de ejercer este derecho no se ajuste a un estándar de convivencia que ya estaba deteriorada por el accionar anterior de autoridades institucionales? Y un asunto fundamental: si en otros tipos de proceso un Tribunal -cualquiera sea- arriesga ser interpretado como parcial ¿Qué garantías puede encontrar la comunidad actual de militantes en dicha instancia?
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Estantería.
La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, cuya sede etá en santiago de Chile acaba de publicar su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2021 señalando que la región de AL desacelerará su crecimiento en el 2022 a un 2,1% luego de un crecimiento del 6,2% en el año pasado. Esto, como resultado de diversas simetrías entre los países desarrollados y los emergentes, como Chile y sus respectivas capacidades fiscales, sociales y monetarias. Leer este Balance nos brindará antecedentes fundados para comprender -desde lo político- los desafíos que tenemos como país. Recomendamos su estudio.
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Cinéfilos.
Para estos días de vacaciones, se puede aprovechar algunos importanes estrenos en redes (netflix, entre otros). "El poder del perro" (https://www.youtube.com/watch?v=wzTkWBGDeJY) es una buena cinta que nos ofrece una perspectiva novedosa del viejo oeste.
En lo existencial, si pudiésemos llamarlo así, el cierre de la serie "After life" nos enfrenta a un relato significativo de una experiencia de vida que nos abre muchas preguntas. (https://www.youtube.com/watch?v=zEeqaUxRGB0). ********************
