2 ene 2021

 Un Diputado y un Senador del PPD renunciarían a sus cargos para postularse a la Convención constitucional.

Con relativa sorpresa, al menos los militantes, adherente y dirigentes del PPD se han ido enterando por medios de prensa del reciente anuncio del senador Felipe Harboe, a renunciar como Senador del partido para postular como constituyente, lo que ha ratificado en una extensa "carta abierta".  En días anteriores, en reunión de la mesa regional de Valparaíso con la mesa directiva nacional, el diputado Rodrigo González, ha expresado de igual forma su voluntad de postularse a dicha convención, razón por la cual, la directiva regional lo estaría nominando como el más probable candidato constituyente junto a la abogada Leslie Sánchez y por lo mismo tendría que renunciar de igual forma al cargo de Diputado por Valparaíso.  En suma, el PPD deberá enfrentar en los siguientes días el procedimiento de reemplazo de ambos parlamentarios.

Harboe: una dinámica carrera política.

(foto diario concepción)

Felipe Harboe nació en 1972, un año antes del golpe militar. A la fecha cuenta con 48 años. Estudió su básica en el colegio San Agustín y luego en el Colegio Notre Dame, del cuel agresó en 1990. Estudió derecho en la U. Central y se tituló de abogado en 1999.

Entre 1994 y 2001 se desempeñó como profesor en dicha universidad y en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y en el Magíster de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. Asimismo, colaboró junto al School of Law de la Universidad de Harvard para proyectos sobre políticas públicas y seguridad en Paraguay y Centro América. Ejerció además como director del programa de seguridad pública de la Fundación Chile 21, cargo al que renunció para integrarse como vicepresidente de la Corporación Proyecto América.

Entre 1995 y 1996 obtuvo una especialización en Derecho Internacional de Refugiados, Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Asimismo, realizó un curso especial de negociación y manejo de crisis impartido por la Universidad de Harvard y la Fundación Chile. En 2001, se especializó en violencia en los estadios y orden público con cursos en España e Inglaterra. Posteriormente, realizó estudios de profundización en el nuevo proceso de Reforma Procesal Penal (bcn)

La trayectoria política del ahora pronto ex-Senador puede ser considerada meteórica, de un muy rápido ascenso: "Ingresó en política en 1986 como dirigente estudiantil secundario de su colegio. En 1987 integró la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES). En 1989 formó parte de la primera directiva juvenil del Partido Por la Democracia (PPD) y luego, en 1993, dirigió la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (FEUCEN). En el gobierno del presidente Lagos fue designado intendente suplente. Entre 2002 y 2003, presidió la Comisión de Seguridad Ciudadana de su partido. Al año siguiente y hasta el 2004, fue miembro del Tribunal Supremo. En febrero de 2002, asesoró en temas de políticas de seguridad interior, orden público y prevención de conflictos a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. También fue asesor jurídico y legislativo del Subsecretario de Desarrollo Regional de la división de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Entre marzo de 2002 y enero 2006, fue designado por el Presidente Ricardo Lagos como Subsecretario de Carabineros. El 30 de enero de 2006 fue nombrado Subsecretario del Interior, hasta marzo de 2006, cargo que luego fue ratificado por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Fue autor y ejecutor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

El 3 de enero de 2008, tras la renuncia del Ministro del Interior, Belisario Velasco, fue nombrado Ministro del Interior suplente por cinco días, hasta que asumió Edmundo Pérez Yoma. En diciembre de 2008 renunció a la Subsecretaría del Interior para postular por un cupo en el Congreso como diputado.

Durante 2010 formó y presidió la comisión especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Chile, en el marco de los daños dejados por el terremoto.  Fundó luego el movimiento Acción, organización ciudadana destinada a la defensa de los derechos del consumidor y la denuncia de abusos del sistema. Desde ahí dirigió la campaña “No + Dicom”, recolectando más de un millón de firmas para apoyar una modificación legal y terminar con los abusos de la información comercial de las y los chilenos.

En enero 2012 se aprobó la denominada “Ley Dicom” (ley Nº 20.575), que permitió a más de 4.500.000 chilenos salir de dicho registro y mejorar el estándar de protección de datos personales, dando pie a la creación de la “Agenda Contra los Abusos”, un conjunto de proyectos destinados a terminar con los abusos del mercado.

El 11 de junio de 2012 asumió la segunda vicepresidencia de la mesa directiva del PPD. El 13 de marzo de 2009, el PPD lo seleccionó para reemplazar a la entonces diputada Carolina Tohá luego de ser nombrada Ministra del Ministerio Secretaría General de Gobierno por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Juró como diputado por la Región Metropolitana el 19 de marzo de 2009, (período legislativo 2006 a 2010), por el Distrito N° 22, correspondiente a Santiago. En diciembre de 2009, fue ratificado por votación en representación del PPD para el período legislativo 2010 a 2014. En las elecciones parlamentarias de noviembre de 2013 se presentó como candidato a senador por la Circunscripción Nº13, en representación del PPD resultando electo con 121.620 votos. Fue sucedido en su cargo en la Cámara Baja por Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. Su mandato como Senador terminaba el 11 de marzo del 2022.

Rodrigo González: ex Alcalde de Viña y eventual renunciado Diputado ahora, luego de 20 años como parlamentario.



Rodrigo González nació en Viña del Mar en 1941. Doctor en Filosofía. Su biografía indica que estudió en la Universidad Católica de Valparaíso. Fue académico entre 1969 y 1973. En 1983 integró la ONG PIIE. En 1968 fue testigo directo en Francia en la histórica marcha de mayo 68. En 1969 fue uno de los fundadores del MAPU. En 1972 fue candidato a Rector de la UCV. Luego los militares lo exoneraron. En 1977 fue detenido y al lograr liberarse se exilió en Italia. Hasta 1983 trabajó en el Parlamento Europeo. Retornó a Chile con la primera oleada de exiliados que regresaron en ese año. En 1987 colaboró en la fundación del PPD y en 1988 asumió como coordinador de la campaña del NO en Valparaíso y luego comandó la campaña senatorial de Laura Soto. 

Entre 1990 y 1992 fue Seremi de Educación en Valparaíso. En 1992 fue electo Alcalde de Viña del Mar. En 1994 fue destituido del cargo alcaldicio por el Tricel. En 1996 logró ser reelecto nuevamente Alcalde de Viña. El 2001 fue electo Diputado y reelecto en forma sucesiva hasta el 2022 cumpliendo 20 años en el parlamento.


¿Porqué optar ahora por una convención constitucional que además, inhibe a los constituyentes para postular a cargos públicos sino hasta el período 2023-2024?

Bueno, porque en parte esas fechas no están muy lejos. Claro que esto es un argumento baladí, porque en lo esencial, ambos legisladores cuentan con una gran experiencia institucional y constitucional y podrán brindar importantes aportes en los debates de una Nueva Constitución. En el caso de Harboe, tiene un buen tiempo por delante posteriormente para retornar a los escenarios parlamentarios o de otro tipo, en el PPD o en otros ámbitos, quién sabe, según lo mejor que haya que hacer. Esto mismo estamos pensando muchas personas en el PPD si es que los partidos políticos ahora tradicionales -y el PPD lo es- no se ponen a la altura de los desafíos de los nuevos tiempos y de los nuevos paradigmas.  Por su parte el diputado González dejaría una huella relevante en tales debates y en ambos casos, nunca se sabe, ya sabemos -como ha dicho el propio Harboe- "nadie se jubila en política", salvo en casos complejos como resultado de situaciones contrastantes con la justicia.

En consecuencia, no debiera extrañar que en el caso del PPD ambos legisladores resuelvan ahora que dejar su firma estampada en el histórico proyecto de Nueva Constitución es una manera especial de pasar a la historia, tal como ocurrirá con los 155 convencionales que serán para siempre recordados por los futuros historiadores como las personas que de manera singular y fundamental fueron los redactores de la  nueva Carta Magna. Así que en cuanto a esta decisión no hay drama y bienvenida la voluntad de ambos parlamentarios de dejar sus cargos en el congreso y como dice el senador Harboe "salir de la zona de confort". Bien. 

¿Quién o quiénes harán los reemplazos?

¿Dónde y cómo se adoptarán estas resoluciones?

Ser Diputado o Senador, como todos sabemos, es una interesante aspiración política en cualquier partido, de cualquier sello ideológico. Es una aspiración legítima, sobre todo en el caso de quienes sienten una vocación de servicio público y de interés en ayudar a resolver los problemas de la gente y de la sociedad. Esta es la parte luminosa de esta idea. Las sombras son muchas. Ya sabemos. Pues la política implica ejercicio de poder, en muchos aspectos, y no siempre en estos procesos hay mucha luminosidad. Pero asumamos que siempre, los que aspiran a estos cargos "de representación popular" querrán trabajar con la gente, para la gente y desde la gente... Dejémoslo ahí.

Curiosamente, al igual que en el caso de miembros titulares de la mesa directiva que se postulan como precandidatos del partido a una nominación presidencial,  los Estatutos del PPD no previeron esta nueva circunstancia. Es decir, no está reglamentado en nuestra propia Carta Maga qué se debe hacer cuando un parlamentario renuncia a su cargo. Ergo: ¿Cuál es el camino institucional que, en reemplazo del voto popular, brinde una apariencia democrática?

Hay otro factor a considerar: la actual Constitución de modo taxativo contempla una sola causal de renuncia de los parlamentarios en ejercicio: la existencia de una enfermedad grave y que impida su desempeño, cuestión que debe ser calificada por el Tribunal Constitucional. Este crierio admitió luego una causal específica cuando un parlamentario es convocado por el Presidente para asumir un alto cargo de gobierno. Luego, la Ley 21.200 que aprobó la creación de la Convención constitucional, estableció una norma extraordinaria para permitir que los parlamentarios que deseen hacerse elegir como convencionales constituyentes deben renunciar a sus cargos "por el solo imperio de la Constitución". Así las cosas, algunos parlamentarios como Renato Garín, independiente, ahora ex Frente Amplio; Enrique van Rysselberghe, de la UDI y otros, están dando el paso de dejar el congreso nacional y buscar entrar a la convención constitucional, de ser elegidos, por supuesto.

Estos legítimos intereses, dejan al descubierto la validez democrática de la regulación constitucional de una vacancia parlamentaria. En la reforma del 2005 se estableció que el reemplazo del parlamentario renunciado será provisto "por el partido político" al que pertenece. Punto. No señala nada más. Y con esta norma se anuló la sana fórmula democrática contemplada en la constitución de 1925 de una "elección complementaria", como debiera ocurrir. Y por tanto, no son los ciudadanos los dueños reales del cargo elegido y concedido por voto popular a un personero de un determinado partido político, sino el partido  y con toda la carga negativa que estas colectividades tienen hoy ante la ciudadanía.

En el caso de Valparaíso, en una declaración pública anterior, el Diputado González -cuando todavía estaba en proceso la idea de una candidatura constituyente- anticipó que su reemplazo será materia de diversas conversaciones. El punto principal de lo señalado por González es que "debe ser el PPD regional quien designe los reemplazos". Luego de las declaraciones recientes de Harboe podríamos asumir que algo similar es para los PPD's de Ñuble y BíoBio.

Los estatutos del PPD no contemplan esta situación. Y la constitución actual entrega esta decisión "a los partidos políticos" pero no dice a qué organismo interno, por tanto tenemos un típico "vacío de poder" pues para que los regionales de los partidos políticos tengan la preeminencia para tales reemplazos, no es menos cierto que la Directiva Nacional y la Mesa directiva nacional de cada partido cuentan con las mismas prerrogativas entre Consejo y Consejo.

Por cierto, como el reemplazo de tales parlamentarios, en este caso Harboe en el Senado y González en el parlamento, es un asunto de tiempo la Mesa directiva nacional será la llamada a establecer un procedimiento que además, puede constituirse en un precedente y esto es lo delicado. De ahí la relevancia de cómo proceder. Lo democrático es una elección ciudadana complementaria. Éso es lo ideal: democracia.  Del mismo modo como para resolver una nominación presidencial sean los ciudadanos quienes elijan la persona indicada mediante primaria. Pero en el caso de un reemplazo de parlamentarios que renuncian al ejercicio de sus cargos, es la Constitución actual la que impide dicha elección complementaria ¿Y porqué es importante este procedimiento?

¿Qué sucede si un dirigente destacado, hombre, mujer, indígena, etc. del PPD de otra región anuncia su interés de reemplazar al parlamentario que renuncia en una región determinada? ¿Le está prohibido hacerlo? Por cierto que no. ¿No se acogerá su petición? Sería arbitrario rechazarla. No hay nada, legal o estatutariamente que impida a un dirigente postularse a dicho reemplazo. Del mismo modo no es aceptable la idea de "reemplazos naturales". ¿Qué es éso sino una forma de nepotismo cuando el interés político se desplaza de familiar en familiar? ¿O cuando una autoridad que deja un cargo en una región sea reemplazado "naturalmente" por quien le sigue o ejerce otro tipo de autoridad en una localidad? Lo "natural" en este tipo de argumento un tanto monárquico es anti-natural para una decisión democrática y aún así sigue siendo válido que los reemplazos de este tipo no sean "digitados" por quiénes dejan sus tareas o grupos fácticos que existen en la política de todos los partidos,  sino por las instituciones  y sus orgánicas democráticas a las que pertenecen. Serán ellas: un consejo regional, una directiva nacional, un consejo nacional extraordinario los que han de marcar el sello de legitimidad de un decisión de esta dimensión, en ausencia -reitero- del voto popular.

Se dirá que el senador o el diputado a reemplazar han representado a una región de modo específico y que solo corresponde que sea un actor de la región quien lo reemplace? ¿Porqué? ¿Si los parlamentarios electos lo son para legislar en función del país y no solo de una región determinada?  Esto  es un vacío normativo.

Un cierto sentido común, en medio de este vacío, indica que al menos debería ser el PPD regional quien procure el reemplazo del parlamentario, pero ¿Qué instancia?: ¿La Directiva Regional? ¿El Consejo regional convocado en pleno?....¿La sola mesa regional integrada por 10 personas que se arrogarían una potestad muy amplia?...

Los senadores y diputados son electos en un determinado distrito o circunscripción para representar los intereses de los ciudadanos de esa región y de todo el país. Los parlamentarios no son ejecutores directos de políticas públicas para resolver situaciones locales pero deben legislar para que las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones sean iguales para todos los ciudadanos sean de la región que representan o de cualquier otra región.  En suma: los cargos parlamentarios no son propiedad privada de una región. Representan una circunscripción o un distrito pero han  de legislar para todos los habitantes del territorio nacional.

Pero ante el vacío de la norma, digamos entonces -en el caso del PPD- que lo que más nos acercaría a una decisión con un relativo valor democrático es que los reemplazos en los casos de Harboe y González se realicen en un marco institucional de superior calidad y representación, esto es un Consejo Regional del PPD o, en su defecto una Directiva regional suficientemente ampliada y luego considerar que la representación política institucional y legal del partido radica en su mesa directiva nacional, y ella tendría que coincidir con la decisión regional. Lo ideal en el mejor de los casos es que una decisión de esta naturaleza sea adoptada, al menos (en ausencia de una elección complementaria) por un Consejo Nacional extraordinario, pero como los estatutos del PPD no contemplan esta situación en términos normativos, esta iniciativa que por lógica sería más representativa y un poco más democrática (en ausencia del voto popular directo), y que sería la más adecuada, lamentablemente no está estatuida de manera imperativa en nuestras normas, y por tanto una decisión de esta naturaleza requiere un procedimiento que brinde precedentes.

Los partidos políticos en estos últimos años se han ganado el desprecio y la desconfianza de los chilenos, lo que ha ido en aumento luego del estallido social del 18 de octubre en adelante. En consecuencia, y dado que las instituciones y las orgánicas políticas se encuentran afectadas por muchos juegos de interés privado y no colectivo, es preferible que ante el país y los propios militantes del PPD se busquen los caminos más transparentes y democráticos posibles para legitimar una decisión que los ciudadanos observantes puedan comprender y aceptar más allá del criterio que es la Ley la que otorga a los partidos el recurso de reemplazar el voto popular con el que eligieron un senador o diputado anteriormente, por una política de "puerta cerrada".

Mi pregunta sigue siendo válida: ¿Qué sucede si algunos dirigentes del PPD anuncian de modo expreso su deseo legítimo de reemplazar a los renunciados?. En mi concepto, tendrían que ser convocados los Consejos regionales respectivos, y para refrendar los procedimientos, al menos, la Directiva Nacional de 137 miembros titulares.  Hoy, con las plataformas de reunión virtual todo es absolutamente posible.

Y en cuanto a qué representarán Harboe y González, en la convención constitucional hay que recordar siempre que los electos en listas del PPD deberán representar los acuerdos políticos del PPD, en especial, los que nacen del IV Consejo Ideológico estratégico del 2019 en donde debatimos por varios meses el tipo de constitución que queremos. En consecuencia, los constituyentes electos en listas del PPD tendrán el marco obligado de representar tales acuerdos. De otro modo, el camino adecuado es postular por vía independiente y ahí si, cada convencional se mandaría solo.

En resumen: para el PPD el reemplazo de Harboe y Gonzáles no es problema porque el cupo parlamentario subsiste para el partido y como dice la constitución actual, es el partido político quien resuelve los reemplazos, aun cuando no dice nada acerca de quién/es y cómo resuelve/n en dicho partido.  Quienes reemplacen a Harboe -hombre o mujer- tendrán abierto el escenario para postular posteriormente a la elección en dicha circunscripción en este año 2021 para ser senador/a por ocho más o diputado por los próximos cuatro años. Es un camino muy interesante. Casi un premio. Quien reemplace a González en Valparaíso, podrá hacer pre-campaña ahora mismo para ser electo este año para los siguientes cuatro años. Otro premio.  Como se dice en el Vaticano: esto es un "bocato di cardinali". Pero ojo, los ciudadanos nos están observando. Estos no son los tiempos del binominal cuando los cupos parlamentarios eran selectivos y se asignaban casi por herencia o gerencia o "por razones naturales"... La gente reclama hoy políticos confiables, genuinos, que sirvan a la gente y no al revés y partidos ojalá más democráticos. No quiere más de lo mismo. Y el PPD está en un momento crítico y está en la mirada crítica de la gente. Los ciudadanos que se expresan en las manifestaciones sociales no quieren "designados" a dedo o a "puerta cerrada". Tampoco hijos de...o "herederos naturales" de los poderosos....El país estalló en contra de las malas prácticas políticas y quienes se acostumbraron en los partidos políticos a maniobras de dudosa validez, saben muy bien que no es este el momento de andar provocando a la gente que protesta socialmente. Así que lo razonable es abrir este proceso de reemplazo y que sean las orgánicas institucionales, al menos más representativas y dotadas de las potestades necesarias, quienes resuelvan estos reemplazos. 



Domingo Namuncura