Reflexiones y opiniones sobre situación de la Araucanía.
Es
por ello que no es de extrañar que en este mensaje de unidad, a su sector más
duro, el actual Ministro del Interior Víctor Pérez, realizara su primer viaje a
la Araucanía, y generara un peligroso discurso enfocado en la Araucanía, y en
la llamada “violencia rural”. Habló que no existen presos políticos, de
existencia de terrorismo y grupos con capacidad militar y financiamiento, que
lo van a combatir y que la violencia puede agravarse.
Discurso
provocador, que a menos de 48 horas tuvo una manifestación clara de los grupos
radicales al sentirse con pleno apoyo del gobierno para actuar, en forma
directa contra comunidades Mapuche.
La
toma de municipalidades, ocurrida hace días, se realiza sin violencia y como un
acto de manifestación política por la salud de los comuneros Mapuches en
huelga de hambre, por la salud del Machi Celestino Córdoba y por las demandas
legítimas como pueblos originarios.
La
toma u ocupación de inmuebles como municipios o instituciones públicas, son
medios de presión que son ocupados en forma transversal por distintas
organizaciones, sin que sea exclusivamente de pueblos originarios. Lo hemos
visto en demandas estudiantiles, por situación habitacional, laboral, etc.,
existiendo claramente pasos, procedimientos y protocolos para resolver la
situación, jamás siendo la intervención de civiles la forma de actuar o
proceder.
Por
eso, la situación de desalojos en municipios de La Araucanía muestran una doble
excepción que marca un antes y después, en las formas de actuar.
Por
un lado, se genera inmediatamente después de los gestos del Ministro de
criminalizar nuevamente la causa Mapuche y no dar espacios a diálogo o solución
política, sino simplemente policial.
Por
otro lado, existió un acto concertado, acordado y definido por grupo de
personas que aludiendo a recuperación de espacios municipales, manifestaron su
faceta racista, al borde del fascismo y con un nivel de violencia que significó
ataques a Mapuches y sus bienes.
"El
que no salta el mapuche" fue la consigna más representativa de actitud
racista, mientras atacaban, golpeaban, quemaban vehículos y hacían barricadas,
todo a centímetros de Carabineros y con la venia previa del nuevo ministro del
interior, puesto que la policía no detuvo a ningún manifestante y hasta aceptó.
Racismo
en su máxima expresión que se debe rechazar en forma decidida, junto con actos
de autotutela como los vistos, que representan los últimos estertores de
fascismo que debemos erradicar de raíz.
Llama
poderosamente la atención que estos actos de violencia se realizaran simultánea
y sucesivamente en todos los municipios tomados por Mapuche, junto con el hecho
que se realizó por cientos de manifestantes, en plena pandemia, en horario de
toque de queda y en donde no existió ninguna intervención militar, responsables
del cumplimiento de las prohibiciones de salir de hogar en horarios nocturnos.
La
responsabilidad principal de esta provocación tiene nombre y apellido, Víctor
Pérez, por la omisión del orden público, por el fomento al surgimiento racista
y discriminador, de sentirse apoyados por policías para atentar contra
comuneros Mapuches y por incumplir todo protocolo institucional para
actos de esta naturaleza.
La
mesa del PPD debe exigir responsabilidad política tanto en dichos como acciones
del Ministro de Interior, del Ministro de Defensa y de investigar, sancionar y
castigar a todo aquel participante que haciendo caso omiso a medidas sanitarias
excepcionales por pandemia, COVID-19, actuaron de forma directa, con violencia
no autorizada, causando lesiones y daños sin justificación. Pero además sus
actos explícitos reflejan actos racistas, que abiertamente debemos rechazar en
Chile a cualquier nivel.
Este
tipo de situaciones generará más violencia, justo cuando estamos en un momento
clave como es la discusión en el Congreso sobre la participación real de
pueblos originarios en el proceso constituyente, con escaños reservados. Se
suma al plebiscito por una nueva constitución. Ambas son demandas sociales
claramente manifestadas con el estallido social. Pareciera ser que el gobierno
deseara contaminar el proceso constituyente con este tipo de circunstancias,
para así justificar algún reparo a la elección, evitando que las personas, por
miedo a infectarse con coronavirus o por actos de violencia, vayan a votar a
favor de una nueva Constitución, o simplemente endurecer una posición de un
sector conservador de la sociedad, con consignas claras en un momento en que se
encuentran divididos. Se actúa como cuando frente a problemas políticos
internos en Bolivia, se apelaba al sentimiento antichileno para unir y desviar
la atención.
Es el Presidente de la República, quien debe representar a todos los chilenos, debe actuar decididamente y cortar de raíz este tipo de tendencias antidemocráticas, pero es un imperativo de partidos políticos progresistas, como el PPD, rechazar en forma tajante estas graves manifestaciones de intolerancia, racismo, discriminación y aires de supremacía racial y social.
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