UNA ACUSACION CONSTITUCIONAL QUE ABRA UN QUIEBRE CON EL MODELO NEOLIBERAL .

Cinco horas de debate fue el tiempo transcurrido entre las 10 y las 15 horas del domingo 24 de marzo, en la extraordinaria reunión de la Comisión Política ampliada del PPD, convocada para analizar el momento político, conocer un nuevo informe de la comisión negociadora de cupos parlamentarios y prepararse para el ciclo político que se abre con el arribo inminente de la Presidenta Michelle Bachelet quien, muy valientemente, viaja a Chile para asumir el liderazgo de un complejo proceso político. El encuentro, que reunió a los titulares de la mesa directiva y comisión política, con la asistencia de parlamentarios, alcaldes, encargados de la bancada de concejales y secretarios nacionales, estuvo atravesado -no obstante la agenda previamente trazada- por los acontecimientos derivados de una resolución que en forma autónoma había adoptado la bancada parlamentaria del partido, en orden a gestionar la presentación de una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, por abandono de deberes en la tarea de fiscalizar los negocios lucrativos en el ámbito de la educación superior. Recordemos que el Ministro desestimó el informe de la Comisión investigadora respecto de este delicado problema y los antecedentes que llevaron a la bancada a sostener su postura se concretaron luego de la crisis de la Universidad del Mar y los graves hechos acontecidos en la CNA. Por cierto, legisladores ppd venían realizando un monitoreo de este tema desde antes.

La idea de varios parlamentarios del ppd había sido informada, finalmente, en la mesa directiva del lunes 18 de marzo, pero el debate realizado en esa oportunidad no había alcanzado a cristalizar en un acuerdo absoluto en torno a la acusación constitucional, pues se requería constatar el parecer y la unidad de parlamentarios de la oposición en su conjunto. Horas más tarde, y en su acostumbrada reunión de Comisión Política, el órgano soberano de decisiones políticas del PPD, sólo recibió de parte de la mesa un escueto informe sin la presencia de parlamentarios y sin tener a la vista el borrador del libelo acusatorio. En consecuencia, la Comisión Política no debatió ni la forma ni el fondo del proyecto, a la espera de mejores antecedentes. Esto implica, además, que los dirigentes nacionales podían expresar opiniones diversas sobre el mismo tema. Y asi ocurre cuando es el propio Presidente nacional del PPD, Senador Quintana, que en su acostumbrado estilo de sinceridad pública, expresó dudas legítimas sobre el momento y contenido de esta acusación constitucional, destacando principalmente que la iniciativa no daba cuenta de conductas políticas que la propia concertación ha tenido históricamente en relación con el modelo educacional. Algo de hipocrecía hay en esto, dijo Quintana, si se acusa ahora a una autoridad por conductas que en su debido momento no fuimos capaces de fiscalizar.
Esta declaración irritó a algunos parlamentarios del PPD. Algunos apuntaron a un problema de conducción del partido; otros reclamaron reconocimiento a sus gestiones; los menos, mediante trascendidos en medios de prensa, quisieron dar una sensación de descontrol partidario...La Comisión Política extraordinaria reunida el domingo 24 de marzo puso, finalmente, las cosas en su lugar. Y se conminó a los parlamentarios a tomar en cuenta y respetar los órganos soberanos de decisión política que es donde se deben resolver materias tan gravitantes y junto con poner un marco de condiciones políticas al procedimiento realizado, se concordó en señalar que lo planteado por el Presidente PPD sí tiene una justificación fundamental en cuanto a que ha llegado el momento de no cerrar el pasado y dar cuenta también de nuestros errores como coalición. En tal sentido, la Commisión Política puso un marco ético adecuado a la idea de una acusación constitucional que no apunta sólo al actual Ministro de Educación sino también a la necesidad de asumir un compromiso para no respaldar -nunca más- la expropiación del sagrado derecho a una educación gratuita y sin lucro, como lo ha hecho el mercado y el sistema neoliberal. La contundente definición permitió que la iniciativa de los parlamentarios fuera refrendada y ahora será monitoreada por la dirección política superior del PPD. El siguiente es el texto de la Declaración oficial de la Comisión Política ampliada del PPD:

"1.- Hacer todos los esfuerzos para reorientar el proceso de conformación de la lista parlamentaria de la Oposición hacia el objetivo principal e indispensable de apuntar a doblar a la derecha en el máximo de distritos y circunscripciones, para darle al próximo Gobierno la herramienta parlamentaria que nos permita impulsar los cambios que vamos a comprometer con la ciudadanía para el próximo período.

2.- Por lo anterior, el PPD restablecerá con toda la fuerza y convicción necesaria el planteamiento que hiciéramos en diciembre pasado a todos los demás partidos de la Oposición, para que elijamos a nuestros candidatos de cara a la ciudadanía en Primarias Abiertas el 30 de Junio ; ello en todos los distritos y circunscripciones en donde haya más de dos candidatos.

3.- El Consejo Nacional del PPD definirá el 12 y 13 de abril próximo, sobre la base de los antecedentes políticos y electorales que le presente la dirección del Partido, el elenco PPD que participará en las primarias opositoras del 30 de junio.

4.- El PPD declara su disposición a movilizar todo su contingente de parlamentarios, Alcaldes, Concejales y militantes en el propósito de conseguir que el 30 de junio Michelle Bachelet consiga un respaldo ciudadano tan amplio que abra las puertas a la tarea posterior de conseguir la mayoría parlamentaria para su programa de cambios en materias económicas, constitucionales y sociales, como el emblemático fin del lucro en la educación.

5.- El PPD respalda la decisión autónoma de la bancada de Diputados, de concurrir, junto a todas las bancadas opositoras, a presentar una acusación constitucional al Ministro de Educación Harald Beyer, fundamentada principalmente en la no aplicación de la Ley que prohíbe el lucro en la Educación superior, a pesar de toda la evidencia hoy día disponible.  La Comisión Política comparte y respalda los dichos de su Presidente Jaime Quintana, respecto de la fuerte autocrítica que debemos llevar adelante, sin complejos, respecto de lo que hicimos y dejamos de hacer en ese ámbito cuando nos correspondió gobernar, tanto desde el Ministerio de Educación como del Parlamento.

6.- La Comisión Política del PPD invita a todos sus parlamentarios y también a los de las demás bancadas opositoras a pensar la acusación constitucional como el quiebre indispensable de la lógica que ha imperado todos estos años, el neoliberalismo como eje del desarrollo del país, especialmente en materia de educación, votando favorablemente. Para establecer el punto de partida del compromiso que haremos frente al país en la elección presidencial y parlamentaria, de terminar con el lucro y poner en el centro el objetivo de una educación gratuita y de calidad para Chile.

Santiago, 24 de marzo de 2013