CON RESPALDO DE SENADOR QUINTANA, INDIGENAS PPD SOLICITAN INTERVENCION DE NACIONES UNIDAS

El Presidente del PPD, Senador Jaime Quintana, fue recibido en Audiencia, en la mañana del miércoles 25, por AMERIGO INCALCATERRA, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la sede de Santiago, reunión en la que estuvo acompañado por el ex Director Nacional de CONADI, Domingo Namuncura y los dirigentes Fernando Quilaleo y Fermín Levío. Estuvo presente, además, el Representante regional adjunto, Humberto Henderson. 

En la Audiencia los representantes nacionales del PPD solicitaron al Representante de ACNUDH, gestionar una nueva visita especial del Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en virtud de los graves acontecimientos que afectan sus derechos fundamentales y la prácticamente nula aplicación del Convenio 169 de la OIT en Chile. Durante una hora de conversación, ambos personeros de ACNUDH escucharon los planteamientos de la comitiva del PPD y tomaron nota de los puntos sensibles, expresados en el documento oficial con que se ha solicitado la visita del Relator.  El Representante Incalcaterra comprometió sus gestiones ante la Comisión de DDHH de la ONU y ante el Relator especial para pueblos indígenas. El siguiente es el texto del escrito presentado en la oficina regional del ACNUDH:

De nuestra Altísima Consideración:

En mandato del Partido Por la Democracia, venimos en exponer a UD. en su calidad de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la situación de dura violencia, represión y violación de derechos humanos que sufren las comunidades mapuches en nuestro país, Chile.

En las últimas dos décadas el Conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche ha experimentado una agudización enmarcada en una dura represión a la protesta social mapuche y que se generó  de una espiral de represión y violencia que hace cada vez más difícil recomponer la confianza de los actores del conflicto.

Entre otros muchos hechos de violación de Derechos Humanos podemos reseñar sumariamente lo siguiente: la aplicación de la Ley Antiterrorista, testigos sin rostro y condenas excesivas; asesinato de jóvenes líderes mapuche por parte de la policía; encarcelamiento y prisión política de dirigentes sociales mapuches; dilatadas huelgas de hambre como forma de denuncia y por mejoras carcelarias; más de 100 allanamientos a comunidades mapuches con violencia extrema hacia niños y niñas, ancianos, mujeres y autoridades tradicionales; denuncia de organización de asociaciones paramilitares y de encubrimiento de atentados; el estado de Chile ha sido condenado en casos violación de derechos por la CIDH, se cuentan entre los más graves.

Estos casos están abundantemente reseñados en la prensa, pero también han sido denunciados por organizaciones mapuches, por defensores penales, por organismos no gubernamentales e incluso por organismos internacionales como UNICEF.

Consideramos que el aumento de la violencia actual ingresa en un peligroso punto de no retorno y constatamos ausencia de voluntad para generar diálogo y entendimiento. Por el contrario, se realizan ajustes a los mecanismos de represión a través de una Cumbre de Seguridad (24/7/2012) que anunció reforzar un “plan de seguridad especial” en la zona del conflicto que clausura cada vez más las posibilidades de establecer soluciones pacíficas y concordantes por los actores del conflicto.

A nuestra orgánica política nos mueve la urgente necesidad de generar espacios de convergencia y concordia para buscar como sociedad una solución duradera basada en la paz, en el entendimiento y el respeto a los derechos humanos.

Entendemos que el ACNUDH tiene por mandato actuar de manera objetiva frente a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo y constituye un foro para identificar, trazar y elaborar respuestas a los problemas actuales de derechos humanos, y opera como el principal centro de coordinación de las actividades de promoción de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Es así como en dos oportunidades anteriores ha destinado relatores especiales. En el año 2003 una misión del Relator Especial Sr. Rodolfo Stavenhagen presentó un Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas en Chile (E/CN.4/2004/80/Add.3, 17 de noviembre de 2003).

En este informe, como sabemos es de su conocimiento, se expusieron las siguientes conclusiones y recomendaciones, resumidas:  

“El Relator Especial recomienda, entre otros, que se agilice el proceso para la reforma constitucional en materia indígena; la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT; una revisión de la legislación sectorial cuyo contenido pueda estar en contradicción con lo establecido en la Ley Indígena; el establecimiento de un programa de reducción de la pobreza de las comunidades indígenas con una agenda realista y bien definida y que se tomen los pasos necesarios para el establecimiento de una institución nacional de defensa de los derechos humanos. También se recomienda que preste atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; que se agilice y amplíe el Fondo de Tierras; que se asegure el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; que se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que se asegure la asistencia letrada de calidad y bilingüe”.

Más tarde Chile recibiría una segunda misión de un Relator Especial en 2009,  el Sr. James Anaya, quien redactó un Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas y seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior, (A/HRC/12/34/Add.6, 5 de octubre de 2009). Que concluyó grosso modo:

“Todavía existen grandes desafíos que debe enfrentar el Estado para cumplir con sus deberes de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en particular en materia de consulta y concertación, derechos a tierras y territorios, explotación de recursos naturales, y políticas acerca de conflictos vinculadas a reivindicaciones de tierras mapuches.”

Consideramos que estas misiones han sido provechosas para permitir el crear mejores espacios de diálogo y entendimiento entre los actores del conflicto, es por esta razón que nos dirigimos a Ud. para que tenga a bien transmitir al Consejo de Derechos de ONU nuestro ruego perentorio en orden a destinar una nueva misión de un Relator Especial con especial dedicación en el conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche.

Esperamos, por el bien de los Derechos Humanos de nuestros Pueblos Originarios y, muy en especial de los derechos de los niños y niñas indígenas que son los que más sufren y sus familias, pueda ser atendida nuestra solicitud en el plazo más breve posible.